August 28, 2018 | 17:51

Mundo en diarios de Córdoba: CBA24N

Uruguay avanza hacia una ley integral para personas trans

La legislación que se propone en el país vecino busca ampliar la accesibilidad a los derechos garantizados en la Constitución.



Desde fines de 2017, se debate en el país vecino un nuevo proyecto de ley para mejorar la calidad de vida de las personas transexuales.

Si bien en el año 2009 se aprobó una ley de reconocimiento de identidad de género, esta sólo contempla el cambio de nombre y sexo registral, y la nueva iniciativa pretende ir más allá en obtención de derechos. Con estas medidas se pretenden integrar todos los ámbitos de los que han sido históricamente excluidos los colectivos transgénero: social, educativo, cultural, económico, laboral, sanitario, entre otras.

En comunicación con el programa radial Subversiones, de la FM102.3 Marcela Pini, integrante de Unión Trans de Uruguay, brindó detalles del proyecto de ley integral para personas trans, que tiene como objetivo poder crear políticas públicas específicas para disminuir la discriminación estructural y permanente que atraviesan las personas trans a lo largo de toda su vida. 

El proyecto cuenta con 20 artículos, algunos de ellos generan mayor polémica, y son, según Pini, aquellos 'que tienen que ver con el derecho a tratamientos transespecíficos para personas mayores y menores de edad.

'El artículo 17, que deja en claro la viabilidad de los procesos de hormonización y de las operaciones de reasignación/acomodación genital en caso de que la persona lo desee, para mayores de 18 años. Y en el caso de menores de 18 años, habilitaría la posibilidad de este tipo de tratamientos, en la medida de reconocer la autonomía progresiva de las personas, que es fundamental', ejemplificó.

'El Estado tiene que proteger el interés superior de los niños y niñas en el Uruguay como en cualquier parte del mundo. Habilitar al Estado para que también puedan tomar medidas en estas situaciones, entendiendo y defendiendo el derecho de los menores', agregó.

El proyecto abarca también la cuestión habitacional. En este sentido, la entrevistada manifestó la necesidad de 'entender a la población trans como una de las poblaciones con menores posibilidades de acceso a la vivienda en cuanto a planes públicos. Esto viene a garantizar eso. A partir de esto, el Estado va a estar obligado a generar política pública y proyectos que atiendan a esta legislación'.

Este avance en cuestión de derechos surge desde el Consejo Nacional de la Diversidad Sexual, que desde el 2016 se constituye como una comisión asesora del poder ejecutivo y presidido por el Ministerio de Desarrollo Social.

Fuente: CBA24N >> lea el artículo original

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